«Gracias, señora presidenta. Señorías, muy buenas tardes a todos. Comparezco hoy ante esta Cámara para defender, en nombre del Grupo Parlamentario Popular, una proposición de ley que corresponde a una necesidad urgente del campo español: adaptar el sistema de seguros agrarios a una realidad económica actual que muchos agricultores y también muchos ganaderos sufrimos. Una realidad marcada por una crisis de costes de producción, por el alza de los precios de los fertilizantes, por las consecuencias de las guerras, pero también muy claramente por las pésimas políticas de los Gobiernos socialistas. (Aplausos). Y no me voy a detener en exceso en la Ley 87/1978, de Seguros Agrarios Combinados, una norma que fue eficaz, relativamente sencilla, que ha sufrido pocas modificaciones a lo largo de su vigencia. Sin embargo, conviene recordar algo esencial, antes de su aprobación, los agricultores y los ganaderos estábamos prácticamente desprotegidos frente a riesgos de sequía, heladas o pedrisco. Tras años de pérdidas importantes, el Estado impulsó un sistema organizado que ha sido un referente. Nadie discute que el seguro agrario ha sido una herramienta clave para proteger la agricultura, la ganadería, el sector forestal y la acuicultura, que ha dado estabilidad a las explotaciones, ha evitado el abandono rural y, por supuesto, también ha sostenido la economía en los pueblos. Señoría, basta ver los datos de siniestralidad de los últimos años para entender su importancia porque hay cada vez más fenómenos extremos, más indemnizaciones y más presión sobre el sistema actual.»

Fragmento 1 de 8 de esta intervención.