«Conviene recordar, aunque la proposición lo haga de una forma parcial y selectiva, que el sistema vigente no es un vestigio inerte, sino una arquitectura compleja que ha ido evolucionando, adaptándose cabalmente a una realidad cada vez más compleja y que ha demostrado eficacia incluso en contextos de elevada siniestralidad. No quiere esto decir, señor Gallardo -y esto se lo reconozco-, que el sistema no sea mejorable, desde luego. Desde algunas organizaciones agrarias, como la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos, nos llegan serias críticas al mismo, en tanto que no es ajeno a determinadas disfuncionalidades y que -argumentan- aún no cuenta con la agilidad que los crecientes fenómenos asociados al cambio climático requieren. Usted ha hablado sobre este asunto. La señora Jordà le reprochaba no haber mencionado el tema, pero usted claramente lo ha mencionado. El problema es que su partido me temo que no le acompaña a usted en esto. Pero, usted, desde luego, sí creo que es consciente de lo mismo. La pregunta, por tanto, no es si los ingresos agrarios deben estabilizarse o no, cuestión sobre la que difícilmente cabe disentir, sino mediante qué instrumentos o con qué efectos distributivos. Y es aquí donde la propuesta revela su flanco más débil; al pretender asegurar la volatilidad de los ingresos se incurre en una suerte de fetichismo asegurador -si se me permite la expresión-, como si todo riesgo económico pudiera y debiera traducirse a una póliza. Sin embargo, los ingresos agrarios no son únicamente el resultado de variables exógenas, sino también de estructuras de mercado profundamente asimétricas, como ya se ha denunciado, por cierto. La formación de precios en origen, la concentración de la distribución o la dependencia de insumos globales no son fenómenos asegurables, sino que son problemas políticos, señorías; convertirlos en objeto de cobertura equivale, en cierto modo, a naturalizarlos.»

Fragmento 2 de 5 de esta intervención.