«Señorías, más allá de cada medida concreta, aquí hay una cuestión de fondo: que las ayudas públicas no pueden ser incondicionales. No pueden limitarse a mejorar la cuenta de resultados de las empresas sin exigir nada a cambio. Tienen que estar vinculadas a objetivos claros: inversión en descarbonización, modernización industrial, mantenimiento del empleo y compromiso con el territorio. Porque estamos hablando de recursos públicos, y eso implica responsabilidad. Y aquí es donde este debate aterriza en la realidad. No podemos ignorar lo que está ocurriendo en Aiaraldea con Tubos Reunidos. Un caso que refleja bien las tensiones del sector, pero también una lógica que se repite una y otra vez, que es que, ante dificultades, la primera respuesta vuelve a ser el ajuste de plantilla. Esto no puede normalizarse, porque la transición industrial no puede hacerse a base de despidos. Porque cuando se destruye empleo industrial no solo se pierden puestos de trabajo: se pierde capacidad productiva, se pierde tejido económico y se debilitan territorios enteros. (Aplausos). Por eso, cualquier apoyo público, cualquier proceso de reestructuración debe estar ligado a planes industriales sólidos, a compromisos de viabilidad real y a la protección del empleo.»

Fragmento 2 de 3 de esta intervención.