«La respuesta fragmentada a la que llegó el Consejo de Ministros con el segundo real decreto, al que no me he referido todavía, el 8/2026, crea una situación de gran inseguridad jurídica, porque ese segundo real decreto introduce medidas como la prohibición de despidos hasta junio de 2026 o la prórroga automática de los contratos de alquileres en el ámbito de la vivienda, que pueden tener una vigencia muy reducida, algo más de treinta días. Por lo tanto, son unas medidas que nacen con fecha de caducidad, porque todo apunta a que ese real decreto no será convalidado en esta Cámara. Y eso genera incertidumbre, desprotección y una enorme inseguridad. Frente a esta forma de actuar, hay otra manera de hacer política, la que mi grupo ha defendido desde el inicio, con medidas para reducir de forma inmediata la escalada de los precios energéticos, de apoyo a la industria y de devolver el poder adquisitivo a las familias, reduciendo la carga fiscal, adaptando el IRPF a la inflación y articulando ayudas directas que lleguen con rapidez a quienes más lo necesitan. No se trata, señorías, de una cuestión ideológica, sino de eficiencia; de entender que, en un contexto como el actual, cada día cuenta y cada día de retraso tiene consecuencias reales en la economía de las familias y en la actividad de las empresas.»

Fragmento 3 de 4 de esta intervención.