«Por ello, de acuerdo con la Constitución, que establece que el Gobierno dirige la política interior y exterior del país, damos hoy este paso adelante absolutamente necesario para que esta situación de injusticia tenga su fin. Y reconociendo -que lo hacemos- que esto debió realizarse hace tiempo, que hoy al menos tenga su fin y que sea cuanto antes, como hicimos en el Consejo de Ministros y como entiendo debemos hacer hoy en el Congreso de los Diputados. De ahí la urgencia de este real decreto ley. Estamos hablando de una deuda con personas por hechos acaecidos hace alrededor de medio siglo. Hablamos de personas afectadas o de sus familiares, si es que los afectados han fallecido, que hoy, como decimos en la exposición de motivos, estarán en la etapa final de su vida. Estamos hablando de personas, en definitiva, para las que se puede frustrar un resarcimiento directo si no se da una respuesta institucional adecuada. Pero quiero que quede claro que no estamos hablando de números o incluso de nombres y apellidos sobre un papel. Estamos hablando de vidas truncadas, estamos hablando de personas concretas, estamos hablando del sufrimiento sin fin de su familia.»

Fragmento 3 de 7 de esta intervención.