«La comisión de valoración establecida en el real decreto ley ya se ha reunido para abordar las primeras dieciocho solicitudes, que se refieren a doce causantes, y ya se han aceptado quince de esas dieciocho solicitudes. Y eso es, por ejemplo, hablar de Víctor Manuel Pérez, 23 años, asesinado en Portugalete con dos disparos por la espalda por el mero hecho de repartir octavillas en apoyo de una huelga. O es hablar de Amador Rey, que en marzo de 1972 dejó viuda y tres hijos cuando, junto a su compañero Daniel, fue asesinado por la actuación de la policía franquista durante una huelga en Ferrol. O, en diciembre de 1976, de Ángel Almazán, que murió en el hospital tras varios días ingresado a causa de los culatazos recibidos por agentes policiales al término de una manifestación. O, también, de Manuel José García Caparrós, andaluz, quien con 18 años fue asesinado de un disparo el 4 de diciembre de 1977, durante una manifestación en defensa de la autonomía de Andalucía. (Aplausos). O, por ejemplo, de Juan Gabriel Rodrigo Knafo, catalán, muerto por la represión policial de las protestas obreras en Tarragona en marzo de 1976. (Aplausos). Y permítanme acabar mencionando a Francisco Javier Núñez Fernández, que al volver de misa con su hija de 3 años se encontró con la represión policial contra una manifestación por la amnistía que se celebraba en Bilbao. Logró dejar a su hija en el portal, pero recibió una dura paliza por parte de la policía franquista. Al día siguiente, al ir a denunciar los hechos, fue torturado: se le hizo beber un litro de aceite de ricino y coñac, y murió trece días después en el hospital. Su mujer, María del Carmen, y su hija, Esperanza, hoy, aquí, tienen abierta la puerta de la esperanza a través de este real decreto ley. (Aplausos).»

Fragmento 4 de 7 de esta intervención.