«Gracias, presidenta. Buenos días, señor ministro. Hoy debatimos un real decreto que reconoce derechos y que dignifica a quienes se jugaron la vida por la democracia. No es suficiente, siempre lo decimos en memoria democrática, y además siempre llega tarde, porque este decreto reconoce a víctimas que llevan décadas y décadas esperando; personas que fueron asesinadas, que fueron perseguidas o que fueron gravemente heridas por defender las libertades de las que hoy podemos disfrutar. Como usted ha avanzado, ministro, para dar nuestro voto favorable, hemos negociado con su ministerio para que haya distintas propuestas que se incorporen en el trámite de la ley y que se incluyan por parte del ministerio. Una de ellas es que queremos que se modifique el periodo de aplicación. Ahora mismo el texto habla de que se aplique entre el 1 de enero de 1968 y el 29 de diciembre de 1978, y nosotras hemos propuesto que sea desde el 1 de enero de 1968 al 31 de diciembre de 1983, en coherencia con lo previsto en la disposición adicional decimosexta de la Ley 20/2022, que reconoce la existencia de vulneraciones de derechos humanos en ese periodo. Además, también le hemos propuesto que el reconocimiento de las indemnizaciones previstas en esta disposición no impida ni limite el ejercicio de las acciones judiciales ni del derecho a la tutela judicial efectiva de las víctimas, porque hay que evitar que la reparación económica sustituya al derecho a la justicia. También proponemos que en ausencia de las personas beneficiarias que están previstas puedan ser beneficiarias aquellas personas que acrediten una relación de especial vinculación o cuidados con la víctima, para evitar precisamente exclusiones injustas en contextos familiares que son complejos. Y también que se garantice una aplicación restrictiva y garantista de las causas de exclusión, que deberán interpretarse siempre conforme a los estándares internacionales de derechos humanos, para que no se interpreten de manera extensiva.»

Fragmento 1 de 2 de esta intervención.