«Hoy, con este real decreto ley, se extienden y mejoran las indemnizaciones a víctimas en defensa de la democracia hasta 1978 y se hace algo de justicia a Caparrós. Cada paso adelante lo vamos a apoyar, y más este que cuenta con nuestro empuje. Queda mucho por reparar, aunque con este decreto llega por fin la reparación a casos de ejecuciones extrajudiciales, quedan casos por reparar, como en el caso de Almería. Es imprescindible reparar también las ejecuciones sufridas por luchadores antifranquistas como Salvador Puig Antich. (Aplausos). Igual que no consentimos las ejecuciones en Irán, tampoco se consienten aquí. Quiero contar una historia. Era un 8 de mayo de 1981 cuando tres jóvenes residentes en Santander, Luis Cobo, Juan Mañas y Luis Montero, de 29, 24 y 33 años, salieron de allí hacia Almería a la comunión del hermano de Juan. Al día siguiente, el 9 de mayo a las 21:05, fueron detenidos en una tienda de Roquetas de Mar por la Guardia Civil, que los confunde con miembros de la ETA. Esto fue suficiente para ser torturados brutalmente, asesinados y calcinados en su Ford Fiesta. Ni estos ni tantos otros jóvenes están amparados por este real decreto porque sufrieron la violencia fuera de plazo. Y no son los únicos que, por diversas razones, no están bajo el amparo de este real decreto a efectos de indemnizaciones ni tampoco están reconocidos como víctimas del terrorismo. Por eso, queremos que este real decreto ley se tramite como proyecto de ley, para garantizar el reconocimiento y equiparación de víctimas de agentes del Estado, tal y como hemos registrado nosotras y nosotros desde el grupo parlamentario en una proposición no de ley. (Aplausos). Hay que equiparar a las víctimas de crímenes cometidos por agentes del Estado hasta 1983, que es cuando realmente concluye la Transición, una vez que se supera el golpe del 23-F de 1981 y se dan los últimos coletazos de esa violencia policial indiscriminada bajo la impunidad del franquismo. No puede haber víctimas de primera y víctimas de segunda. Caparrós sigue sin la consideración de ser una víctima del terrorismo. ¿Por qué las víctimas del terror franquista tienen que ser de segunda? Queremos dar una respuesta legal y contundente que modifique la ley de víctimas del terrorismo y la Ley de Memoria Democrática para incluir estos crímenes y garantizar derechos e indemnizaciones. Hacerlo es un ejercicio de compromiso democrático con todas esas personas humildes que empujaron la historia con sus manos y con sus vidas. Las políticas de memoria y de reparación han de ser constitutivas de la democracia, por lo tanto, bajo el mandato del nunca más, y han de servir para colocar a cada cual en su lugar en el pasado y en el presente. Hacerlo hoy tiene un sentido claro: entender que aquella lucha por la democracia continúa hoy. Continúa por quienes paran la Vuelta Ciclista a España para denunciar un genocidio. (Aplausos). Continúa por quienes ponen su cuerpo para evitar un desahucio. Continúa hoy la lucha por tantas mujeres afectadas por los cribados que salen a las calles a defender su sanidad pública. La lucha por la democracia continúa hoy desde muchos rincones de nuestro país.»

Fragmento 3 de 4 de esta intervención.