«Gracias, señora presidenta. Señorías, debatimos una vez más un decreto ley del Gobierno que es un despropósito jurídico, una aberración histórica y una deslegitimación constitucional. (Rumores). Señorías, en democracia y en un Estado de derecho, las formas y los procedimientos son parte esencial del ejercicio público. Por desgracia, el Gobierno de Sánchez nos trae de nuevo una reforma legislativa que en ningún caso se puede justificar por urgencia, tal y como corresponde a un decreto ley de acuerdo con la doctrina del Tribunal Constitucional. Leo: el concepto de extraordinaria y urgente necesidad no constituye una expresión vacía de significado dentro del cual el margen del Gobierno se mueve libremente, sino que es un verdadero límite jurídico a la actuación mediante decretos leyes. Pues bien, señorías, difícilmente el pago de unas indemnizaciones por hechos sucedidos hace cincuenta años se puede considerar un supuesto de urgente y extraordinaria necesidad. Podrían haber tramitado un proyecto de ley ordinario, incluso traerlo por lectura única, pero no, tenían que traer otro decreto ley. Por lo tanto, estamos ante otro fraude procedimental del Gobierno y un nuevo desprecio al ejercicio ordinario de la función legislativa por las Cortes Generales. (Aplausos).»

Fragmento 1 de 5 de esta intervención.