«La ley sacará de las calles y castigará con penas de prisión a los autores de un delito de hurto que ya hayan sido condenados ejecutoriamente por otros tres delitos menos graves; agravará las penas por el hurto de móviles y ordenadores; extenderá las previsiones en materia de multirreincidencia a los delitos de estafa; permitirá imponer cautelarmente al delincuente la prohibición de acudir a determinados lugares, barrios, municipios, provincias o comunidades autónomas; reconocerá la legitimación de las autoridades locales para ejercer la acción penal en delitos de hurto; y castigará con pena de prisión el llamado petaqueo. De aprobarse las enmiendas introducidas por el Senado a instancias de los grupos Popular, VOX y Socialista, no solo los ayuntamientos, sino también los entes pertenecientes al sector público local -como el Metro de Madrid o la EMT de Valencia- podrían instar acciones, ampliar las plantillas del Ministerio Fiscal y obligar al Gobierno a suscribir acuerdos con otros Estados y a promover en la Unión Europea la adopción de las normas necesarias para que la expulsión de delincuentes reincidentes en el territorio español y su entrega a jurisdicciones extranjeras lleve consigo el cumplimiento en dichas jurisdicciones de las penas a las que les hubiesen condenado los tribunales españoles. Derecho internacional, señor Santiago, se llama derecho internacional.»

Fragmento 5 de 6 de esta intervención.