«Buenos días, señorías. Hoy nos encontramos en la fase final de la aprobación de la Ley Integral de Impulso de la Economía Social, una reforma que el Ministerio de Trabajo ha desarrollado mano a mano con las organizaciones más representativas de este sector para reconocer sus necesidades y actualizar el marco jurídico que acompaña sus actuaciones. Como saben, la economía social representa un modelo económico alternativo que prioriza a las personas, el trabajo digno y el planeta. Hablamos de cooperativas, de empresas de inserción, centros especiales de trabajo, mutualidades, cofradías de pescadores, emprendimientos sociales y muchas otras realidades que muestran que es posible producir y ofrecer servicios revirtiendo las ganancias y utilizando sus empresas para mejorar el mundo. (Aplausos). Esto supone una bocanada de aire fresco en un momento donde hay grandes magnates que acumulan billones de euros. Sabemos que cuando tan pocas personas concentran una parte tan grande de la riqueza mundial hay algo que no se está haciendo bien. Muchas veces no se pagan salarios justos en todos los eslabones de la cadena de valor, los accionistas se quedan con una productividad que debería ser remunerada, se utilizan materiales provenientes de contextos de explotación o guerra o se establecen precios muy por encima de su valor real. Aquellos que persiguen únicamente el lucro empeoran la calidad de vida de muchas personas.»

Fragmento 1 de 4 de esta intervención.