«Hoy podemos afirmar con claridad que muchas de las medidas que se incorporan responden a preguntas que hemos defendido desde el primer momento y que les hicimos llegar. Y todas con un único objetivo: proteger a la ciudadanía ante la crisis. Aunque nosotros planteábamos algunas con más ambición, poniendo todos los recursos desde el primer día, vamos a votar a favor porque se ha asumido la necesidad de reforzar el escudo social energético, ampliando el bono social eléctrico, aumentando las ayudas térmicas y garantizando una cuestión fundamental: que cada familia vulnerable no se pueda quedar sin suministros básicos. Eso es positivo. Y se ha puesto sobre la mesa una agenda clara de protección social cuando más falta hacía. También se han habilitado mecanismos de financiación y avales públicos para que las empresas puedan seguir funcionando en un contexto de incertidumbre, evitando que todos los costes se trasladen a la ciudadanía. Pero si hay un ámbito en el que nuestra influencia es especialmente evidente es en la transición energética, porque este decreto asume que la única manera de reducir la vulnerabilidad de nuestra economía es acelerar las energías renovables, el autoconsumo y la electrificación. Ya lo vimos con la guerra de Ucrania, la dependencia del gas ruso nos hacía débiles. Y lo que vemos ahora es que esta dependencia no ha desaparecido, sino que se ha trasladado o se ha ocultado detrás de otros países. Por eso, esta crisis tiene que servir para reforzar el apoyo político y social a las renovables, porque los combustibles fósiles no solo son un riesgo climático, sino también económico y geopolítico.»

Fragmento 7 de 11 de esta intervención.