«La primera, porque supone la fragmentación normativa de derechos fundamentales. No se puede regular algo que afecta a la libertad, a la igualdad y a la dignidad de las mujeres con marcos distintos en cada territorio. Segundo, porque introduce de facto una nueva arquitectura competencial en España, alterando el equilibrio constitucional. Tercero, porque rompe el principio de igualdad: no puede haber en España distintos sistemas de identificación y distintos estándares de seguridad en función del territorio, y es lo que pretenden. Cuarta, porque choca frontalmente con la Constitución, y lo hemos dicho. Y quinta, porque genera inseguridad jurídica. No se puede defender la igualdad de la mujer y, al mismo tiempo, fragmentar su protección -es que es lo que se está haciendo, señorías de Junts-, porque, entonces, estaríamos diciendo que una mujer puede ser invisible en una parte de España y estar protegida en otra. Es como si aceptáramos que la protección frente a la violencia machista fuera distinta en distintas comunidades autónomas; como si una mujer tuviera más o menos derechos en función de dónde vive.»

Fragmento 3 de 5 de esta intervención.