«Señorías, la sociedad española no merece menos protección en el ámbito digital que la de millones de ciudadanos europeos. Y la realidad es que hoy nuestra ciudadanía está más expuesta a las ciberestafas, a los discursos de odio, a la desinformación. Y lo están también nuestros menores, que acceden a redes sociales que, en muchos casos, no cumplen con exigencias como contar con las opciones de privacidad más elevadas activadas y desactivar las características que contribuyen al uso excesivo de las plataformas. Y lo está porque no contamos con un organismo que pueda controlar y sancionar adecuadamente este tipo de prácticas ilícitas. Como diría el gran Buero Vallejo, 'no dejes de actuar'. La acción es lo único que permite avanzar. Y por eso hoy estamos aquí, porque este asunto es urgente y no puede esperar más. Traemos un texto solo con este asunto, como muchos grupos han manifestado. Por tanto, ya no puede haber excusas: debemos proteger a la ciudadanía y -reitero- especialmente a los menores. (Aplausos). La presidenta de la CNMC, doña Cani Fernández, en su comparecencia ante la Comisión de Economía, Comercio y Transformación Digital del pasado 11 de diciembre de 2025, manifestó con rotundidad que la falta de habilitación a la institución, a la CNMC, impide proteger a la ciudadanía con todas las herramientas, ya que no puede ejercer la mayor parte de las funciones dispuestas por el Reglamento DSA. En su intervención puso múltiples ejemplos de acciones que se están llevando a cabo en otros países europeos con coordinadores de servicios digitales que sí están habilitados y que nosotros no podemos hacer. No pueden abrir investigaciones ni expedientes, como sí hacen otros coordinadores nacionales de otros Estados. Por ejemplo -lo contaba la presidenta de la CNMC en esa comparecencia en comisión-, en Alemania, el coordinador de servicios digitales ha llevado a cabo múltiples actuaciones para parar ciertos contenidos ilícitos y dañinos en redes sociales de adolescentes. Porque el peligro para nuestros menores no está solo en las grandes plataformas. Hay muchas redes sociales de ámbito más reducido que suponen un peligro para ellos, y si están establecidas en nuestro país, la CNMC ya podría estar actuando, pero en la actualidad no puede hacerlo. Pero, fíjense, corremos el riesgo de que plataformas indeseadas en otros países, en los que sí se actúa, quieran alojarse en nuestro país porque aquí no hay consecuencias. Preocupante. Yo creo que es muy preocupante, ¿verdad? Tenemos un marco normativo potente, pero sin esta habilitación la CNMC no puede supervisar y hacer cumplir todas las obligaciones aprobadas por la DSA, no puede actuar ni ejercer funciones plenas con todos los prestadores de servicios establecidos en España y tampoco puede designar a los alertadores fiables, a los órganos de resolución extrajudicial y, desde luego, no hay capacidad sancionadora. No puede llevar a cabo su papel de coordinación tanto con autoridades internacionales como con las nacionales. Hasta ahora lo que hay es solo cooperación, pero no una coordinación eficaz porque no hay capacidad sancionadora. Fíjense que la CNMC no puede tener personal dedicado plenamente al cumplimiento de la DSA sin esta habilitación legal de la que hoy hablamos. Desde luego, esta situación es preocupante, muy preocupante.»

Fragmento 4 de 6 de esta intervención.