«Buenas tardes. Gracias, presidenta. El propio PSOE, que intentó que nos tragáramos su proyecto de ley de gobernanza de servicios digitales y de ordenación de los medios de comunicación, presenta hoy la mitad del proyecto envuelto dentro de una proposición de ley utilizando la urgencia de establecer la CNMC como coordinador de servicios digitales, porque llevan dos años incumpliendo con la Unión Europea. Esta es la situación. Queremos dejar claro antes de empezar que Junts está a favor de facilitar la aplicación del reglamento europeo, que, recordemos, no es necesario trasponer porque no es una directiva. Pero también queremos dejar muy claro que la urgencia no puede justificar de ningún modo que se dé vía a la tramitación de un texto que centraliza y concentra competencias, que ignora el catalán y las otras lenguas cooficiales, y que evita los controles democráticos exigibles en la tramitación. No todo vale. La iniciativa excluye completamente a las comunidades autónomas, ignorando sus competencias y menospreciando su experiencia. Esto es grave porque todos somos conscientes de que la CNMC tampoco tendrá la capacidad operativa necesaria para implementar la DSA. Lo hemos visto con la implementación de la Ley General de la Comunicación Audiovisual y quieren volver a tropezar en la misma piedra. De hecho, se concentra la totalidad de funciones de supervisión del Digital Services Act en dos organismos estatales: la CNMC, como coordinadora de servicios digitales, y la Agencia Española de Protección de Datos. Cataluña, con organismos como el Consejo del Audiovisual de Cataluña o las autoridades catalanas de la Competencia o de la Protección de Datos, queda fuera de cualquier papel relevante. Y esto es inaceptable, porque el artículo 49 del reglamento europeo no impone un modelo centralizado. Repito: el artículo 49 del reglamento europeo no impone una situación de centralización, sino que habla de autoridades competentes, en plural, y permite que los Estados con estructuras descentralizadas distribuyan funciones entre distintos organismos. Lo ha hecho, por ejemplo, Bélgica. Pero ustedes aquí, hace unos momentos, han hablado una vez más de coordinador nacional, y no, nosotros no estamos de acuerdo con esto. Las comunidades autónomas -recordémoslo- tienen competencias en materia de consumo, audiovisual, comercio interior y protección de datos, y tienen que participar en el control y seguimiento de la aplicación de este importantísimo reglamento europeo. Ustedes dejan fuera a los organismos autonómicos y esto no es solo una decisión técnica, es una decisión política que menosprecia la realidad plurinacional del Estado. Cada vez que implementan un reglamento, recentralizan competencias, sin olvidar que no hay ni una sola mención -ni una- a las lenguas cooficiales, y esto en una ley, atención, que regula el espacio digital. Esto significa dejar desprotegidas a comunidades lingüísticas como la catalana ante los sesgos de los algoritmos y de los sistemas de moderación. (El señor vicepresidente, Rodríguez Gómez de Celis, ocupa la Presidencia).»

Fragmento 4 de 6 de esta intervención.