«En tercer lugar, es necesario denunciar el procedimiento que utilizan. Esta Cámara debería legislar con rigor, con informes, con participación y con garantías. Es un precedente peligroso validar por esta vía -sorteando el dictamen del Consejo de Estado, la consulta pública y cualquier evaluación de impacto- una proposición de ley en un tema tan relevante. Ya sé que me dirán que este texto parte del proyecto de ley y que han pasado esta ronda de control, pero escuchen: tenemos que ser muy conscientes de que sentar precedentes así es temerario, porque estamos hablando de regular una materia que afecta directamente a derechos fundamentales de millones de ciudadanos. La libertad de expresión tiene mucho que ver en la retirada de contenidos; con la protección de datos se atribuyen poderes de investigación intrusivos; el derecho de defensa se regula en entrevistas obligatorias y el régimen sancionador; la libertad de empresa se extiende al ámbito de los sujetos sancionables y a terceros. Si analizamos el contenido, el régimen sancionador es desproporcionado y castigará especialmente a las pequeñas y medianas empresas, mientras que las grandes plataformas podrán absorber el impacto de las sanciones. Los poderes de investigación que se otorgan a la CNMC plantean serias dudas sobre derechos fundamentales y la protección de datos queda en un segundo plano subordinada a una lógica de mercado.»

Fragmento 5 de 6 de esta intervención.