«Otro hecho preocupante es que este reglamento, como ya se ha dicho, prevé el sistema de alertadores fiables, que son unas entidades que tienen el cometido de avisar si hay -llamémoslo- contenido no conforme, que las plataformas tendrán que retirar, y ya les garantizo que no lo van a discutir porque se enfrentan a sanciones millonarias. El riesgo es evidente: el Gobierno, a través de la CNMC, podrá acreditar solo aquellas entidades afines que determinen cuando les interese hacer sellos discretos de censura. Así, la retirada de contenidos políticamente incómodos se viste de técnica, neutralidad y cumplimiento del reglamento europeo. Por todos estos motivos que les digo, en el Partido Popular defendemos que cualquier autoridad nacional de supervisión digital debe tener una composición verdaderamente plural e independiente, con un presupuesto y recursos humanos adecuados y suficientes. No nos oponemos a esta proposición de ley, faltaría más. Nos hemos pronunciado públicamente en esta casa y, además, en distintas comisiones, pero no vamos a permitir que esto sea el caballo de Troya para construir una censura encubierta. Tampoco tenemos problema alguno con que existan alertadores fiables, son necesarios para abordar con garantía los millones de contenidos que hay en la red, pero sí con que su elección se transforme en un mecanismo de control ideológico. Queremos una CNMC fuerte, queremos servicios digitales seguros y proteger a nuestros menores en la red, pero no queremos un ministerio de la verdad escondido tras un acrónimo, porque cuando el poder político comienza a decidir qué puede decirse o qué puede leerse, la línea entre la democracia y la manipulación simplemente se borra.»

Fragmento 4 de 5 de esta intervención.