«Por eso, gran parte de nuestra proposición va encaminada a que sea el Estado el que asuma las responsabilidades que tiene en la investigación, la búsqueda de la información, el inventario de los centros que formaron parte del patronato y la localización de víctimas, que quizás ni son conscientes de que lo fueron. Es el Estado el que tiene que dedicar esfuerzos y recursos para encontrarlas y también para facilitarles la documentación que las acredita como víctimas si realmente están incluidas, como ustedes dicen. No se puede dejar esta tarea sobre los hombros de mujeres que tienen 80 o 90 años. Ellas quizás solo sabían que se las envió a las monjas. Muchos de estos centros ni siquiera estaban identificados como centros colaboradores del patronato en concreto, y no podemos dejarles a ellas la responsabilidad de esta investigación. Eso es lo que dice también el relator de Naciones Unidas en una petición formal que hizo llegar al Gobierno del Estado español en 2025. Los expertos de Naciones Unidas expresan una preocupación muy clara ante la falta de medidas de verdad, justicia y reparación para las mujeres internadas en el patronato, y recuerdan que los Estados tienen la obligación de investigar las violaciones graves de derechos humanos, garantizar el derecho a la verdad y ofrecer reparación integral a las víctimas, una reparación que, según el derecho internacional, tiene que incluir restitución, rehabilitación, satisfacción y también indemnización; también indemnización. Ahora ya no lo decimos solo nosotros, lo dice también Naciones Unidas.»

Fragmento 6 de 8 de esta intervención.