«Los planes generales se eternizan durante más de una década, todos lo sabemos. Las modificaciones puntuales se dilatan durante años, los informes sectoriales no llegan o llegan tarde y bloquean procedimientos enteros. Y mientras tanto, planes vigentes durante mucho tiempo acaban anulados, al final, por defectos formales no esenciales. Esto no es solo ineficiencia, es una enorme inseguridad jurídica, porque cuando el sistema no es previsible, cuando las reglas no son claras o no se aplican con estabilidad, el que se pone en riesgo es el conjunto del modelo, la actuación pública, sobre todo, la iniciativa privada también, y también la protección del derecho de propiedad. Sin seguridad jurídica no hay inversión -esto lo sabemos todos-, no hay un desarrollo ordenado del territorio tampoco, y sobre todo no hay una política de vivienda que funcione. Sin un sistema que funcione, no hay acceso real a la vivienda. Y cuando no hay acceso a la vivienda, lo que se rompe no es solo el mercado, lo que se rompe son proyectos de vida: se retrasa la emancipación de los jóvenes, se cronifica la precariedad y se pone en riesgo la cohesión social. Ahora bien, también hay que decirlo con claridad: esta situación no es fruto de un solo Gobierno. Cuando el Partido Popular gobernaba, impulsó reformas bajo la premisa de que el mercado sin intervención resolvería por sí solo los problemas de vivienda. La realidad demostró que no fue así: aquel modelo favoreció dinámicas especulativas, generó desequilibrios territoriales importantes y no terminó garantizando un acceso efectivo y equilibrado a la vivienda; y por eso estamos aquí. Y lo más relevante, por la propuesta que nos hacen hoy, tampoco se aborda el problema estructural de la complejidad normativa y procedimental; es decir, ni se resuelve el problema de fondo ni se simplifica el sistema.»

Fragmento 6 de 9 de esta intervención.