«Ahora mismo lo que está haciendo el actual Gobierno es nada. Y aquí también la conclusión es clara: este Gobierno no ha hecho ninguna reforma de fondo con impacto útil. Por eso, cuando hablamos de reformar el derecho urbanístico no basta con declaraciones de intenciones. Con esta propuesta, compartimos objetivos, simplificamos los procedimientos -obviamente-, reducimos las nulidades en cascada y reforzamos la seguridad jurídica. Pero esto exige rigor. Hay que delimitar con precisión el régimen de invalidez de los planes, evitando que defectos formales no esenciales generen nulidades absolutas con efectos desproporcionados; hay que incorporar criterios claros de conservación de los actos y de modulación de los efectos de la nulidad para evitar bloqueos sistémicos; hay que reforzar la seguridad jurídica también en la fase de ejecución, garantizando estabilidad en las decisiones y reduciendo la litigiosidad que paraliza proyectos enteros; y hay que establecer plazos efectivos y consecuencias reales ante la inactividad administrativa, que se produce muy a menudo porque, sin respuesta en el tiempo, el sistema deja de ser operativo. Pero también hay que respetar el marco competencial: no podemos aceptar un exceso de detalle en la legislación básica que acabe incidiendo directamente en la regulación material del urbanismo y vaciando competencias que son catalanas, porque reformar no tiene que ser recentralizar en ningún caso, y simplificar no es uniformizar.»

Fragmento 8 de 9 de esta intervención.