«Gracias, presidenta. Buenas tardes, señorías. Permítanme comenzar hoy con algo personal. Era yo la delegada de Urbanismo en Marbella cuando el Tribunal Supremo declaró nulo el plan general del 2010. No le deseo esa experiencia a nadie, de verdad, ni siquiera a ustedes, señorías del Grupo Popular, que lejos de arrimar el hombro, pusieron zancadillas. Cuando cae un plan general, cae la base del desarrollo de una ciudad. (Aplausos). Y en 2015 tuvimos que volver a 1986, en una ciudad donde el urbanismo ha significado durante años especulación, interés particular y corrupción, gobernada primero por Gil y luego por el Partido Popular. Señorías, los planes generales no son un documento más; definen cómo vive la gente, cómo crecen los barrios, dónde se puede construir y dónde no. Somos conscientes de que son documentos enormemente complejos, que cualquier rendija puede servir para provocar su nulidad. Controlar y evitar que un error menor signifique la caída de todo supongo que será algo en lo que todos podríamos estar de acuerdo. Por eso, el Grupo Socialista y el Grupo Vasco planteamos una reforma de la ley del suelo con un objetivo claro: dar seguridad jurídica a los municipios para evitar que errores formales tumben planes enteros y permitir su corrección sin destruir años de trabajo. (Aplausos). ¿Y qué hizo el Grupo Popular? Votar en contra. Y ahora vienen aquí diciendo que quieren arreglarlo, pero no.»

Fragmento 1 de 4 de esta intervención.