«Por tanto, no estamos ante una hipótesis teórica, sino ante una realidad actual, masiva, estructural y sostenida en el tiempo. Estos datos tienen una doble lectura: por una parte, reflejan el éxito técnico y clínico de nuestro sistema de reproducción asistida y, por otra, reflejan que la realidad ha desbordado el marco normativo vigente y, cuando esto ocurre, la respuesta no puede ser la inercia, tiene que ser la política. Señorías, la política sirve precisamente para esto: para adaptar las normas a la vida real, para remover obstáculos injustificados, para ampliar derechos y para corregir desigualdades que se perpetúan bajo la apariencia de la normalidad. Esta proposición de ley plantea varias cosas valiosas: primero, equipara la regulación de los ovocitos a la del semen, eliminando una diferencia injustificable; segundo, refuerza la seguridad jurídica; tercero, elimina requisitos que, lejos de proteger, limitan la autonomía de las mujeres, y, cuarto, incorpora una disposición adicional que mandata al Ministerio de Sanidad en el plazo de doce meses a revisar la Ley 14/2006 para adecuarla a los conocimientos científicos y técnicos actuales y para abordar la excesiva acumulación de preembriones en los bancos de los centros de fertilidad.»

Fragmento 7 de 8 de esta intervención.