«En el propio texto, por ejemplo, se reconoce que hay un problema con los preembriones, que se acumulan, y que hay dudas sobre su encaje jurídico. Se decide volver a posponer esta cuestión. Pero, si sabemos que es una cuestión que está generando una problemática, se debería atajar ahora mismo, más pronto que tarde, porque, si no, nos va a tocar hacerlo igualmente. También, hay otra cuestión clave -que no es titular en esta ley, pero sí en la vida de la gente en general-, y es quién puede acceder a estos tratamientos, porque no todas las mujeres parten desde el mismo punto. Esto es algo que nosotras queríamos visibilizar, porque en algunas autonomías se está limitando el acceso de las mujeres y personas con capacidad gestante a la reproducción asistida en función de su peso. Es decir, se pone como requisito que cumplas con un determinado índice de masa corporal y esto, señorías, es gordofobia. Digo bien, es gordofobia porque -y aquí hay que explicarlo bien- no se trata de una decisión que sea a través de una valoración médica individual, sino de un criterio general que se aplica a todas las mujeres por igual. Solamente se mide el índice y no se miden otras cuestiones de salud. Por lo tanto, entendemos que esto viene a generar una barrera y, además, una barrera que afecta principalmente a las mujeres, porque somos nosotras, una vez más, las que vemos evaluados nuestros cuerpos como una condición previa para poder ser madres. Si existe el derecho, creo que todas las mujeres deberíamos poder acceder en igualdad de condiciones.»

Fragmento 2 de 3 de esta intervención.