«Como prueba de nuestra autonomía, este Gobierno ha tomado decisiones de relevancia estratégica bajo un criterio de estricta legalidad. Hemos prohibido expresamente el uso de las bases de Rota y Morón, así como de nuestro espacio aéreo, para operaciones unilaterales que España considera contraria al ordenamiento internacional. Las bases no son enclaves ajenos, son activos de seguridad compartida que operan bajo el control y la ley española. Estas bases constituyen hoy un instrumento útil para la protección de los intereses españoles y europeos y, especialmente, en el flanco sur de la Alianza, donde se gestionan desafíos reales como el terrorismo, la piratería, la seguridad marítima o los flujos migratorios. Romper unilateralmente un tratado internacional vigente no es, a nuestro juicio, la mejor manera de defender la soberanía ni de contribuir a la estabilidad regional. Hablan de rearme criminal, frente a lo que es, en realidad, un ejercicio de responsabilidad y autonomía estratégica. En el año 2025, España ha alcanzado finalmente el 2 % del PIB en inversión en defensa, cumpliendo con nuestros compromisos internacionales. Señorías, esta inversión no es un gasto vacío. Está orientado a lo siguiente: generar capacidades reales para proteger nuestras libertades y asegurar la paz, dinamizar nuestra industria, creando empleo de alta cualificación y reforzando nuestra base tecnológica, fortalecer la Europa de la defensa para que nuestra autonomía no dependa de terceros, sino de nuestra propia robustez industrial y operativa.»

Fragmento 2 de 4 de esta intervención.