«Pero no nos engañemos, esto no puede depender de la voluntad puntual del ministerio de turno o de negociaciones constantes, que no permiten avanzar con rapidez. Es necesaria una solución estructural, y ahí esta proposición de ley tiene todo su sentido. El consorcio de inversiones es una herramienta de país necesaria y no un capricho para corregir un problema estructural. Es un instrumento de gobernanza; un instrumento que debe garantizar que la Generalitat participe de forma efectiva en la planificación, supervisión y dirección estratégica de las inversiones del Estado en Cataluña, porque nadie conoce mejor las necesidades del territorio que las instituciones del mismo territorio. Señorías, esto no es una cuestión identitaria; es una cuestión de eficiencia, de justicia y de buena gestión de los recursos públicos. Este consorcio permitirá tener un plan plurianual de inversiones, que es clave. Significa pasar de la improvisación a la planificación, decidir qué infraestructuras necesita realmente el país, con una visión a largo y medio plazo. Significa priorizar en función de criterios sociales, económicos y territoriales y no de intereses políticos coyunturales. Pero no es solo la planificación, también es el control, y esto es fundamental. Este consorcio tendrá la capacidad de activar medidas correctivas si no se cumplen los niveles de ejecución, porque basta ya de presupuestos que no se ejecutan, basta ya de cosas que no se materializan. Los recursos tienen que llegar ahí donde se necesitan. Es más, esta proposición de ley incorpora una herramienta que puede ser decisiva para desbloquear proyectos: la creación de una sociedad mercantil para facilitar la ejecución de las inversiones.»

Fragmento 9 de 13 de esta intervención.