«Tenemos que decirlo claramente: el modelo actual es lento, rígido y demasiado burocrático. No es aceptable que infraestructuras claves tarden años en superar fases iniciales. No es aceptable que el país pierda oportunidades por deficiencias administrativas, y esta sociedad mercantil permite agilizar procesos y reducir estos plazos. En definitiva, esta ley construye dos piezas clave: mejor gobernanza y mejor ejecución. Ahora, queremos ser claros, esto no lo va a resolver todo. No renunciamos al objetivo de fondo, que es la plena soberanía fiscal. Queremos decidirlo todo, queremos tener todos los recursos y también todas las competencias, porque solo así podemos garantizar que el 100 % de las decisiones respondan a las necesidades del país. Pero ahora mismo tenemos la posibilidad de hacer que la Generalitat, por primera vez, tenga voz y voto a la hora de planificar, decidir, ejecutar y controlar lo que el Estado quiere hacer con sus recursos dentro de sus competencias, las competencias del Estado, pero que quiere ejercer Cataluña. Porque los avances -y uno como este, tan grande- se construyen paso a paso y el consorcio es un paso hacia adelante que nos da más capacidad de decisión, decidir en la planificación, garantizar la ejecución. Es un paso que nos refuerza como territorio, porque después también es preciso poder ejecutarlo. Sin ejecución, todo queda en papel mojado, y lo que está en juego no es menor. Hablamos de calidad de vida y de movilidad, hablamos de oportunidades para los jóvenes, hablamos de competitividad para pequeñas y medianas empresas, hablamos de cohesión territorial; en definitiva, hablamos del estado del bienestar. Por eso, esta no es solo una ley de infraestructuras, es una ley para poner el país en el centro de las decisiones, es una ley para corregir desequilibrios, para avanzar en soberanía.»

Fragmento 10 de 13 de esta intervención.