«Nos preocupa especialmente esa sociedad mercantil adicional, porque si no se delimitan bien sus funciones, su relación con el consorcio y sus competencias, corremos el riesgo de crear un instrumento que sea opaco o redundante. También existe el peligro de que estos espacios acaben utilizándose como estructuras de colocación, como ya hemos visto recientemente, en lugar de herramientas al servicio del interés general, y eso no podemos permitirlo. Por eso, con toda la humildad, creemos que sí hay un margen de mejora en tres ámbitos fundamentales. El primero, es la transparencia, es decir, este consorcio debe nacer con mecanismos reforzados de control público, comparecencias periódicas, publicación en actas, calendarios de ejecución de obras y un seguimiento presupuestario accesible a la ciudadanía. Si queremos recuperar la confianza en la gestión de las infraestructuras, la transparencia no puede ser opcional. En segundo lugar, la claridad institucional. Es imprescindible reducir la ambigüedad sobre la sociedad mercantil, fijar por ley sus límites, sus funciones concretas y su relación con el resto de organismos, porque eso no puede convertirse en un ente difuso que duplique competencias o genere más burocracia. Y, por último, el tercero -una cuestión muy importante-, que es cerrar cualquier puerta a la reintroducción de modelos de concesión que impliquen peajes en las autopistas, porque nosotros sabemos que existen muchas presiones, especialmente en Cataluña, de recuperar ese modelo, con argumentos que además nosotras no compartimos. Creemos que esta iniciativa no puede, ni directa ni indirectamente, facilitar ese escenario y que las infraestructuras deben estar al servicio de la mayoría social y no de intereses concesionales. En definitiva, señorías, estamos ante una propuesta que merece ser apoyada, pero también mejorada. Queremos que el consorcio sea eficaz, transparente y útil, que sea una herramienta que llegue a la ciudadanía. En este camino, creemos que...»

Fragmento 2 de 2 de esta intervención.