«Señorías, no tengo tiempo para citar todos los casos de abusos, pero en todos estos casos el que toma la decisión de separar a un menor de su familia es un trabajador social, los servicios sociales, no un juez. Son más de 1100 los menores tutelados por las autonomías los que han denunciado abusos sexuales desde el año 2019 -¡más de 1100 los que han denunciado!-, sin añadir todos los que no denuncian. Es terrorífico. Vidas rotas. Familias destruidas. Una madre de Mallorca, María: Se llevaron a una niña que iba a la escuela y que no decía una sola palabrota ni insultaba y me devuelven a una adolescente desgraciada de por vida, destrozada en el tema sexual. Se ha escapado al menos siete veces y nadie sabe adónde va. Desaparece a mediodía y no aparece hasta el día siguiente. Me llaman y me dicen que se ha ido, y se quedan tan anchos; yo, toda la noche sin dormir, asustada. Abusos, agresiones, celdas de castigo, fugas y consumo de drogas fuera y dentro del centro de tutela, como ya han denunciado varios educadores. Niñas tuteladas, prostituidas, abusadas y drogadas, y también niños; lo más sagrado que hay, a los que más hay que proteger, y acaban siendo utilizados como mercancía para los objetivos más oscuros y espeluznantes que podamos imaginar. (Aplausos). Esto está sucediendo desde los años noventa. ¿Cómo es posible que nadie haya hecho nada? ¿Cómo es posible que Fiscalía, que el Poder Judicial no hayan hecho nada más que archivar sistemáticamente las denuncias? ¿De quién es la responsabilidad? ¿De quién? Pues yo se lo digo: De los Gobiernos, de la Administración Pública. ¿Hasta dónde llegan las implicaciones en el continuo escándalo de los menores tutelados? Elemento fundamental: la legislación actual permite que un trabajador de los servicios sociales pueda llevarse a los niños sin la autorización de un juez. Los declaran en desamparo y los arrancan de sus familias, de sus casas, sin la intervención de un juez. Sobre todo a partir de la aprobación de la ley orgánica de protección jurídica del menor, en 1996, las declaraciones de desamparo se multiplicaron y se creó una gran cantidad de empresas y de fundaciones, ONG, etcétera, que concertaron servicios con la Administración para atender a esta enorme cantidad de niños. Así emergió este negocio. Es que en España contamos con 52 000 niños tutelados, aproximadamente. El coste de cada menor tutelado es de 7000 euros al mes, de media, el doble de lo que nos costaría enviarlo a un internado de lujo en Inglaterra. En Ibiza, el coste de un niño llega hasta los 9800 euros al mes. Al mes, son 364 millones. Al año, son más de 4300 millones de euros -¡cada año, 4300 millones!-. ¿Adónde va ese dinero? ¿Quién se está forrando? Yo se lo digo: Todo un entramado institucional y corrupto. (Aplausos).»

Fragmento 4 de 6 de esta intervención.