«Vamos con la primera. Ustedes deben saber, señorías de VOX, que el actual procedimiento conlleva informes técnicos especializados y que ofrece el derecho de las familias a poder recurrir. Además, entiendo que saben que el modelo actual de protección está sometido a una doble garantía de control y supervisión externa, aparte de la administrativa, por la que el Ministerio Fiscal tiene atribuida por ley la función superior de vigilancia de la tutela, el acogimiento y la guarda de los menores y que comprobará al menos semestralmente la situación de estos y promoverá las medidas de protección que estime necesarias. Usted lo sabe, ¿verdad, señor Campos? Es decir, aunque la declaración de desamparo sea una medida administrativa, está plenamente garantizada jurídicamente. Sin embargo, yo no puedo pararme a explicarle aquí su funcionamiento en siete minutos, porque su texto lo que hace es exigir una resolución judicial previa para cada acto de protección de menores, y pretenden sustituir un sistema administrativo que es especializado, con capacidad de intervención inmediata y que ofrece una atención adaptada tanto al menor como a su entorno por un sistema judicial que no está preparado para dar una respuesta de urgencia social, lo que podría generar actuaciones que resultarían innecesarias y que probablemente traerían un perjuicio adicional al menor. Por tanto, no confundamos mejorar con sustituir, porque es evidente que no conocen aquello que están pretendiendo reformar.»

Fragmento 2 de 5 de esta intervención.