Pablo BustinduySumar
Ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030
«Los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. Hoy defiendo, en nombre del Gobierno, el Real Decreto Ley 8/2026, de medidas en el alquiler en respuesta a las consecuencias de la guerra de Irán, pero lo que van a votar ustedes es esto: van a votar si la vivienda es un derecho de la ciudadanía o un activo especulativo para la acumulación financiera; van a votar si las casas en las que residen casi tres millones de compatriotas son para vivir o para que otros hagan negocio con ellas; van a votar si esos cientos de miles de hogares pueden tener estabilidad y si esas familias pueden seguir viviendo en sus casas, en su barrio o en sus ciudades pagando religiosamente sus alquileres con todo el esfuerzo de su trabajo o si se encuentran con subidas unilaterales del 30 %, el 40 % o el 50 % que muchas no podrán asumir para ver cómo en los que fueron sus hogares se instalan pisos turísticos y alquileres fraudulentos de temporada y de habitaciones; lo que van a decidir es si ustedes actúan de acuerdo con el interés general para impedir la especulación y hacer efectivo el derecho a la vivienda -como les mandata el artículo 47 de la Constitución- o no. Eso es lo que van a votar ustedes hoy. (Aplausos). Cuando en unos minutos pulsen el botón de votación, no estarán decidiendo sobre una cuestión abstracta. Hoy, nos acompaña en la tribuna gente como Paula, que ha solicitado la prórroga de su contrato junto con decenas de vecinas de varios inmuebles a las que una de las mayores familias terratenientes de España, que acumula un patrimonio estimado en más de 3000 millones de euros, quiere echar de sus casas -de las casas en las que llevan viviendo décadas- para convertirlas en alojamientos turísticos. Nos acompaña Mercedes, amenazada de expulsión por un fondo buitre que compró a sus espaldas su vivienda de alquiler social a una institución financiera rescatada con dinero público. Nos acompaña Eva, que, gracias a la prórroga, ha podido negociar con su casero una extensión de su contrato de alquiler cuando ya lo daba por perdido. Hoy, están siguiendo este debate -el que se produce en una Cámara semivacía- cientos de miles de personas a las que les vence el contrato de alquiler entre este año y el que viene, con un mercado de la vivienda secuestrado por lógicas rentistas y especulativas que les pone imposible encontrar una alternativa viable, que limita y condiciona sus decisiones de vida y que vulnera gravemente sus derechos constitucionales. Para ellas, la prórroga de los alquileres no es una batallita más de la disputa entre grupos políticos de la legislatura, no es una cuestión de cálculos electorales o partidistas, es exactamente la diferencia entre poder seguir viviendo en sus casas o verse expulsadas de sus barrios o incluso de sus ciudades, sin que nadie les ofrezca una solución alternativa ni una mano para ayudarlas. Lo que se dirime es si sus vidas, las vidas de millones de españoles y españolas -repito-, cuentan algo para sus representantes políticos o si, por el contrario, lo que sale de esta Cámara es la vía libre para que los fondos buitre, los grandes inversores y alguna de las mayores fortunas de este país puedan seguir jugando con sus vidas según les dicten la rentabilidad de sus activos y sus cuentas de resultados. Desde el día 22 de marzo, decenas de miles de personas como ellas han solicitado la prórroga de alquileres y se quedarán dos años más en sus viviendas en las mismas condiciones que establecen sus contratos. Desde su promulgación en el BOE, ha habido una auténtica avalancha de solicitudes de información y asesoramiento para que la ciudadanía pudiera ejercer este derecho. Hoy, quiero empezar agradeciendo la labor ejemplar de los sindicatos de inquilinas, de los sindicatos de clase, de las organizaciones de consumidores, de las asociaciones vecinales, de las plataformas antidesahucios y de muchísimas organizaciones no gubernamentales y de distintos partidos políticos. (Aplausos). Quiero agradecer su labor y poner en valor la gran victoria para el movimiento por el derecho a la vivienda que supone la prórroga de los alquileres para decenas de miles de hogares que, gracias a ellos, gracias a su trabajo, van a ver aliviada su suerte en los próximos años.»
Fragmento 1 de 11 de esta intervención.