«Con la prórroga aprobada, también ha habido miles de inquilinos que han podido utilizarla para renegociar nuevos contratos con sus arrendadores, los de sus viviendas, desde una posición de fuerza. Como sucede en las relaciones laborales, esta es la demostración de que, cuando la regulación interviene para nivelar las relaciones sociales, muchas de las dinámicas que generan desigualdad y desprotección pueden revertirse y mitigarse. Durante demasiados años, ser inquilino en este país se ha equiparado a una condición transitoria o se ha identificado con una fase vital -la juventud- que para algunos justificaba la precariedad, la desprotección y la ausencia de derechos laborales, económicos o sociales en aras de una supuesta y falsa meritocracia. Han bastado unas semanas de aplicación de la prórroga para ver revertirse, en parte, esa tendencia. No está escrito en ninguna parte que ser inquilino implique vivir al albur de las decisiones y los intereses de corto plazo de los bancos o de los grandes fondos financieros; que no haber accedido a una vivienda en herencia pese hoy como un destino en nuestra sociedad; que vivir de alquiler se haya convertido en un factor no solo de desigualdad -pues la renta de los inquilinos ya es la mitad que la de los arrendadores en este país-, sino que en muchas ciudades se ha convertido ya en un riesgo de exclusión social o de pobreza. Estamos hablando de un 20 % de la población, prácticamente 10 millones de personas, que vota a todas las formaciones políticas, que vive en todas las comunidades autónomas y en todas las ciudades del país. Hoy, se vota sus intereses y la protección de sus derechos, y les aseguro que tomarán nota.»

Fragmento 2 de 11 de esta intervención.