«En estas semanas, también ha habido mucha gente que no ha podido solicitar su prórroga porque no la han conocido, porque los han disuadido o porque han sido intimidados por quienes han visto amenazada la suerte de sus operaciones especulativas como, por ejemplo, porque necesitan echar a todos los vecinos a la calle -aunque lleven décadas viviendo allí- para revender un edificio, sacar cien habitaciones donde había veinte apartamentos y convertir inmuebles enteros en hoteles ilegales o en residencias de paso para turistas y nómadas digitales. Por todo el país se han multiplicado ejemplos sangrantes de grandes inversores que compran a precio de saldo edificios enteros para convertir las casas en las que vive la gente en meros activos financieros a los que extraer la mayor rentabilidad en el menor tiempo posible, aunque eso implique destrozar las vidas de quienes vivían en ellas. Mucha gente ha dudado si pedir la prórroga como consecuencia de las mentiras que se han esparcido en una campaña deshonesta para disuadirlos de ejercer sus derechos, amenazándolos con problemas judiciales y convenciéndolos de que lo mejor que podían hacer era resignarse y hacer las maletas para no entorpecer esos negocios. Una de esas mentiras, por ejemplo, ha consistido en enfrentar los derechos de los inquilinos con los de los pequeños propietarios, cuyos intereses serían dañados por esta medida. Eso es falso y, de hecho, la realidad es justamente la contraria. Sucede que la figura del pequeño propietario -tan importante en el imaginario político de este país- está también amenazada por la lógica especulativa y por la formidable concentración de la propiedad que se está produciendo en el mercado de la vivienda. Hoy, apenas un 5 % de la población percibe rentas en concepto de alquiler; seis de cada diez viviendas en alquiler en España están en manos de multiarrendadores y de personas jurídicas, una proporción que no deja de aumentar; apenas trece grandes empresas y fondos de inversión gestionan más de 100 000 viviendas en alquiler, y hay otras 500 empresas, por lo menos, que gestionan más de cincuenta pisos cada una. El número de hogares que posee un inmueble en España ha caído un 22 % en los últimos catorce años, mientras los grandes tenedores -los que poseen más de diez- han cuadruplicado su patrimonio inmobiliario desde entonces. Estos números no paran de crecer. El mercado de la vivienda se lo están repartiendo un puñado de agentes financieros que lo utilizan como una aspiradora para extraer rentas de las familias trabajadoras en España. No son los jubilados que complementan su pensión ni quienes han heredado una segunda vivienda los que suben de golpe los alquileres un 50 % y, si no puedes pagarlo, a la calle; quienes se están lucrando con la vivienda son principalmente un grupo de grandes tenedores, inversores sin escrúpulos y corporaciones financieras a las que le da exactamente igual la vida de los españoles. Lo que hoy se vota aquí es evitar que ese expolio continúe.»

Fragmento 3 de 11 de esta intervención.