«La adopción de la prórroga y el tope del 2 % de los alquileres supondrá un alivio económico de más de 2000 euros al año para un hogar medio. Pero en ciudades como Valencia, Málaga, Sevilla o Madrid, hablamos de una diferencia de 600 o 700 euros al mes por hogar. Yo les pido que imaginen la magnitud de este alivio para una economía familiar media. Pónganlo en proporción con cualquiera de las medidas que ha adoptado esta Cámara o que ustedes proponen adoptar, sea en energía, en alimentación, en tributación, en mejoras salariales. Imaginen el impacto en la vida real de cientos de miles de hogares. Y ahora piensen si esas familias van a entender sus argumentos para votar que no. Otro de los pseudoargumentos que he oído repetirse en estas semanas es que es el Estado quien debe asumir el coste de la protección social y no los ciudadanos. Es un argumento que no tiene sentido en el caso de la prórroga, que no supone coste ni merma alguna en la posición de ninguna de las partes. Los arrendadores van a seguir percibiendo sus rentas con total normalidad. Los inquilinos van a seguir pagándolas cada mes. El único coste esgrimible es el de aquellos agentes financieros que planearan someter las rentas a un incremento repentino y abusivo del 50, el 60 o el 70 %, como quien se apodera de las reservas de agua en un momento de escasez. Pero es que ese derecho no existe. Eso se llama especular con la vivienda y lo prohíbe la Constitución española.»

Fragmento 5 de 11 de esta intervención.