«También ignoran un problema fundamental, la contratación pública, algo que nos preocupa mucho. ¿Saben ustedes que muchos promotores estos días están renunciando a proyectos de construcción de vivienda pública ya adjudicados por el aumento de los costes derivados de este contexto internacional y de la guerra de Irán?, ¿lo saben ustedes? ¿Saben que los ayuntamientos no tienen herramientas flexibles para poder modificar un poco el precio y estos contratos? ¿Saben ustedes que se está renunciando a marchas forzadas a proyectos, que se están parando promociones públicas y que, por lo tanto, habrá mucha menos vivienda pública de la prevista? ¿No deberíamos estar aprobando ahora con carácter urgente la posibilidad de que los ayuntamientos pudieran salvar estas adjudicaciones y no abocarlos a tener que empezar todos estos proyectos que duran años? Abandonar de este modo a los ayuntamientos es una auténtica negligencia institucional. No sé si lo sabían, pero hay otra cuestión también grave. En este caso, por ejemplo, hay algo que se ha hablado en la Comisión de Vivienda -y además viniendo de SUMAR, algo que no entiendo-: cuando un banco vende en bloque el préstamo hipotecario sobre una vivienda habitual a un fondo de inversión o a un fondo buitre -ustedes ya lo saben-, el titular de la vivienda, el titular del préstamo no puede cancelar el préstamo por el mismo precio al cual se ha vendido, que siempre es muy inferior. Un magistrado incluso decía que es un 10 % del precio. El ciudadano no puede beneficiarse de eso; se están beneficiando los grandes fondos. Y hace años que esto funciona así. Solo habría que hacer una modificación de bisturí del Código Civil, algo que ya hemos propuesto por escrito, pero que no han hecho. Es una injusticia flagrante que ustedes están decidiendo mantener.»

Fragmento 9 de 10 de esta intervención.