«Gracias, señora presidenta. Señor ministro, voy a empezar con una confesión incómoda. Este decreto beneficiaría a mi hermana, que firmó su contrato de alquiler justo después de la pandemia, cuando los precios estaban muy por debajo de los actuales. Desde entonces han subido más de un 30 %. Su sueldo, en cambio, sigue siendo el mismo, y también el de su novio, pero todo lo demás ha subido: llenar la nevera, poner la calefacción, cambiar la lavadora, comprar ropa nueva, echar gasolina. También han subido los impuestos que pagan, aunque los servicios que reciben, ya se sabe, son cada vez peores. Su poder adquisitivo está por los suelos. El contrato les vence el año que viene y saben que no podrán hacer frente a la nueva cantidad que les exijan, que tendrán que replantearse su vida entera, que tendrán que marcharse lejos de su barrio, que tendrán que posponer quizá, incluso, su deseo de ser padres. El caso de mi hermana es también el de muchos de mis amigos. Con unos trabajos y con otros, con mejores y peores sueldos, con ayuda familiar o haciendo malabares para poder salir adelante, pero todos en las mismas. Su calendario tiene marcada una fecha en rojo: el día que vencerá su contrato y que tendrán que enfrentarse a un mercado completamente roto y destrozado. Roto y destrozado, siento ahora decirlo, por ustedes. Porque mi hermana y su novio y mis amigos hicieron los deberes: se formaron, se pusieron a trabajar, se emanciparon, buscaron un alquiler que podían pagar, ahorraron todo lo que pudieron, siguieron trabajando y siguieron esforzándose; es decir, cumplieron, y pese a ello se encuentran hoy al borde del precipicio.»

Fragmento 1 de 3 de esta intervención.