«El segundo gran elemento del eje del transporte es que se modifica también la orden que regula cómo se calcula la revisión del precio. La realidad nos ha demostrado nuevamente que la fórmula vigente no responde adecuadamente a escenarios de alta volatilidad como el actual. Por eso, se sustituye por una nueva fórmula dinámica, basada en un coeficiente vinculado al precio del gasóleo antes de impuestos en el momento de realizarse el transporte. Esta fórmula se aplica automáticamente cuando se superan determinados umbrales, tiene en cuenta la estructura real de costes del sector, incorpora factores como el consumo de AdBlue -relevante dentro del esquema de costes de las empresas- y diferencia los tipos de vehículos por masas máximas autorizadas y configuraciones operativas. Es una fórmula técnicamente más precisa y operativamente más sencilla, pensando en un sector compuesto en gran medida por pequeñas empresas. El real decreto ley establece con claridad que para calcular la revisión del precio del transporte no se tendrán en cuenta las ayudas o bonificaciones extraordinarias del gasóleo establecidas en el Real Decreto Ley 7/2026. ¿Por qué? Porque estas ayudas son temporales y están sujetas a límites y condicionantes adicionales. El segundo eje del real decreto ley se dirige al transporte ferroviario de mercancías, un modo que conocen que es esencial para los objetivos de sostenibilidad como país y que, sin embargo, está sufriendo de manera intensa el impacto del encarecimiento del combustible. Para evitarlo, se establece una línea de ayudas directas en el año 2026, consistente en 15 000 euros por locomotora diésel en activo, con una dotación total de 3,15 millones de euros. El objetivo es claro: evitar la expulsión del modo ferroviario de transporte de mercancías, que es fundamental y en el que tenemos que seguir avanzando y desarrollando. Y el tercer eje se centra en el transporte marítimo, clave para la conectividad y para el abastecimiento de nuestros territorios extrapeninsulares. El real decreto ley amplía el ámbito de las ayudas existentes para incluir los servicios de carga pura. Esta ampliación supone un incremento adicional de 7 millones de euros, que se suman a los 30 millones ya presupuestados inicialmente. Con ello, garantizamos un trato homogéneo y no discriminatorio entre operadores. El real decreto ley incluye también ajustes técnicos y clarificaciones.»

Fragmento 4 de 5 de esta intervención.