«El problema es un modelo que lleva años deteriorándose por la corrupción, la falta de inversión, la inseguridad jurídica y el abandono de los sectores productivos. Ustedes están a otras cosas, pero los que mueven el país precisamente son esos sectores productivos que necesitan medidas eficaces para garantizar su seguridad jurídica y el desarrollo de sus tareas. (Aplausos). Y este decreto, señor ministro, lejos de corregir esas deficiencias, lo que hace es maquillarlas. En primer lugar, el Gobierno presume de reforzar la revisión obligatoria del precio del transporte, obligando a repercutir el coste del combustible. Pero lo que presenta como una solución estructural no es más que trasladar el problema de unos a otros. Es decir, aquí no hay una solución definitiva. Unos repercutirán el coste también sobre el resultado final y, por tanto, a nosotros también nos gustaría que eso significara una rebaja de los productos básicos. Aquí no se garantiza que ese coste sea asumible en la cadena donde se transporta. La cadena de transporte sigue siendo el eslabón más débil. Y esto no es equilibrio contractual; esto es legalizar una tensión permanente en el mercado y también en el sector del transporte.»

Fragmento 3 de 7 de esta intervención.