«La interrupción voluntaria del embarazo, en no pocas ocasiones, es también la consecuencia de situaciones que podrían haberse evitado. Sí, podrían haberse evitado con más información, con más recursos y también con más y mejor educación sexual. Y es ahí, señorías, donde este debate exige honestidad, exige rigor, exige altura de miras. Si de verdad el objetivo es reducir el número de interrupciones voluntarias del embarazo, no basta con enunciarlo; es imprescindible actuar sobre sus causas. La respuesta no puede ser la restricción del derecho, sino la prevención. Una prevención que pasa necesariamente por la educación en igualdad entre mujeres y hombres, por el acceso a una información veraz y por una educación afectivosexual rigurosa. Solo así se reducen los embarazos no deseados. Si de verdad queremos menos abortos, el camino es claro: más educación, más igualdad y más prevención. (Aplausos). La educación afectivosexual, señorías, no es ideología. Una amplia mayoría de la ciudadanía respalda el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, lo que evidencia que no estamos ante una cuestión controvertida en términos sociales, sino ante un derecho plenamente asumido y normalizado en nuestra convivencia democrática. Cuando existe un consenso social tan amplio y sostenido en el tiempo, la política tiene la responsabilidad de acompañar esa realidad, de traducirla en garantías efectivas y de reforzar su protección jurídica, asegurando que su ejercicio no pueda ser condicionado por factores externos o desigualdades territoriales. Así ha sucedido en países de nuestro entorno, como Francia o Luxemburgo, donde recientes reformas constitucionales han incorporado la garantía del derecho a esta interrupción voluntaria del embarazo en los propios textos fundamentales, en sus constituciones. Las reformas han contado con un respaldo parlamentario extraordinariamente amplio, que ha trascendido las divisiones políticas y ha cosechado apoyos de espacios ideológicos tradicionalmente contrarios a este derecho. En Luxemburgo, la reforma constitucional se ha aprobado con una amplia mayoría desde un enfoque jurídico y sanitario, como una garantía frente a posibles retrocesos. Y lo relevante no es solo el resultado, sino cómo se ha producido, sin una estrategia de bloqueo por parte de la derecha, que ha participado en todo momento en el debate con matices, pero sin convertirlo en un asunto de confrontación partidista. Lo mismo ha sucedido, señorías, en Francia: incluso posiciones políticas muy alejadas han entendido que hay debates que una democracia madura debe poder desplegar. Porque hay derechos que, una vez reconocidos y asumidos socialmente, deben situarse fuera de la confrontación partidista y pasar a formar parte del consenso básico que sostiene el sistema democrático. Fíjense, en ese contexto, incluso representantes de la derecha francesa han señalado que, más allá de sus posiciones de fondo, la constitucionalización responde a la necesidad de proteger el marco jurídico vigente frente a eventuales posibles retrocesos y de ofrecer una garantía adicional de estabilidad y de seguridad para las mujeres. La misma Marine Le Pen manifestó que no iba a oponerse a la inclusión del derecho en la Constitución, en la medida en que no alteraba la legislación existente, situando así el debate en el terreno de la protección jurídica y no en el del conflicto. Señorías, ese posicionamiento ilustra una idea que me parece especialmente relevante: incluso quienes no han sido impulsores de este derecho pueden reconocer que su protección forma parte de la consolidación democrática. Eso es precisamente lo que hoy les planteamos: demos una oportunidad al diálogo, veamos la conveniencia de incorporar a la Constitución el ejercicio de la interrupción voluntaria del embarazo en condiciones de equidad y de seguridad sanitaria en todo el territorio, para todas las mujeres.»

Fragmento 5 de 10 de esta intervención.