«Lo que hay que hacer es ampliar masivamente el parque público; construir, comprar, rehabilitar y movilizar vivienda vacía, y hacerlo con una ambición que no vemos en esta PNL ni tampoco en el plan estatal de vivienda, porque el mismo plan estatal sigue moviendo cantidades totalmente insuficientes para la magnitud del problema: poco más de mil millones de euros anuales para todo el Estado, y solo una parte limitada destinada a ampliar el parque público. Eso es del todo insuficiente para revertir décadas de desmantelamiento. Y, mientras tanto, seguimos hablando muy poco de una realidad incómoda, a saber, que hoy gran parte de la demanda de vivienda ya no responde a la necesidad de vivir ahí. El 60 % de las viviendas se compran al contado. La concentración de la propiedad aumenta constantemente y solo una tercera parte de la demanda que habitualmente se presenta como demanda de vivienda corresponde realmente a la primera residencia. El resto es inversión, acumulación o especulación. Y aquí es donde echamos de menos la valentía política, porque regular la vivienda no es solo construir más. De hecho, negamos la mayor, que solo construyendo más acabaremos con el problema. Hay que entender que la vivienda es un bien esencial y hay que actuar en consecuencia. Hay que limitar la compra especulativa, regular los alquileres de temporada y habitaciones, actuar sobre la segunda residencia en zonas tensionadas y penalizar fiscalmente la acumulación de viviendas, mientras que facilitamos que los jóvenes y la clase trabajadora puedan acceder a una vivienda digna. Y ahí los ayuntamientos podrían hacer mucho más si este Estado les dejara actuar. Probablemente, esta es una de las grandes ausencias del debate. Los municipios conocen perfectamente las necesidades del territorio; conocen los barrios, las familias y la realidad local, pero después se encuentran atados de manos.»

Fragmento 5 de 6 de esta intervención.