«Buenas tardes, señorías. Hoy debatimos una PNL que cuenta algo difícil de digerir para cualquier ciudadano, y es que en plena emergencia habitacional cargos del Partido Popular se han repartido vivienda protegida. Al final va a resultar que el requisito para acceder a una VPO no es el nivel de renta, es tener el carné del Partido Popular. (Aplausos). Esta es la marca PP, la de Alicante. En Alicante veinte años sin grandes promociones de obra pública y, cuando aparece, se la reparten en el entorno político del Partido Popular. Señorías, la democracia está en crisis cuando la vivienda deja de funcionar como un mecanismo de seguridad, integración social y acceso al bienestar para convertirse en una fuente de desigualdad persistente. ¿Y por qué ocurre eso? Porque el artículo 47 de la Constitución española, que deja claro que se reconoce el derecho de todos los ciudadanos a disfrutar de una vivienda digna y adecuada y establece que los poderes públicos deben hacer efectivo este derecho, impidiendo la especulación, choca con una realidad incontestable: el poder real del partido inmobiliario y financiero, que tiene muchos manijeros en ayuntamientos, comunidades autónomas y en el Congreso de los Diputados; manijeros como los del Partido Popular, que no han dudado en repartirse vivienda protegida. Este país arrastra un modelo, instaurado en el franquismo, que consiste en alimentar a una oligarquía rentista que vive del capital inmobiliario, y para eso la vivienda se tiene que considerar mercancía, y no derecho; y, como toda mercancía, proporciona más beneficios si se especula con ella. Y por eso el Partido Popular blindó esa especulación con la Ley del Suelo, de 1998, con Aznar; un modelo cuya aplicación colisiona con la Constitución española, desprotege a la mayoría social y erosiona la democracia. Y es aquí donde la ultraderecha encuentra su caldo de cultivo, en un malestar provocado por un modelo inmobiliario rentista que defienden a capa y espada. El rentismo del gran capital rompe barrios, rompe vidas, atrofia la economía familiar y rompe la confianza democrática. (Aplausos).»

Fragmento 1 de 3 de esta intervención.