«Ustedes siempre prefieren el relato simple y el culpable fácil. Y mientras juegan a eso, la realidad es que cada vez hay más jóvenes y familias expulsadas del acceso a la vivienda. Y delante de esto, ¿ustedes qué proponen? Prohibir, prohibir, prohibir. Prohibir a las personas jurídicas, a las socimis, etcétera, y seguir alimentando la confrontación. Tienen que centrarse, ¿no ven que con estas propuestas no resuelven nada? Su improvisación y falta de rigor llega hasta el punto de que ni tan solo han pensado en excluir de esta prohibición de comprar a las personas jurídicas, a fundaciones, Administraciones públicas, cooperativas de vivienda o entidades sociales del tercer sector, que también son personas jurídicas; pues no, no los han excluido. Respecto a las socimis, nosotros no compartimos esta política de tierra quemada, porque no solo operan en residencial las socimis, también operan en inversión logística, industrial o de oficinas y comercial, y lo que hay que hacer es reformularla, quizá. Reformular los incentivos para que la inversión contribuya a generar actividad económica, que la necesitamos todos, y también oferta de vivienda, y no destruir instrumentos que pueden ser útiles, modificándolos por puro dogmatismo ideológico.»

Fragmento 6 de 7 de esta intervención.