«No le falta razón lógica a su planteamiento, lo que ocurre es que el ordenamiento jurídico marca que es preciso que haya previamente un informe favorable de la Diputación de Burgos y también de la Junta de Castilla y León para que esto se pueda realizar. Por lo tanto, le respondo: el Gobierno no es ajeno, lógicamente, a los convenios que están firmados y a la cooperación multilateral; y tampoco es ajeno a que tenemos que prevenir que pueda haber duplicidades en la gestión de los recursos públicos. Por tanto, ¿esto es jurídicamente posible? La respuesta es clara: es jurídicamente posible. Pero ¿qué se tiene que dar para que esto finalmente sea posible? Lógicamente, ir cumpliendo los pasos que se exigen dar para que, finalmente, se puedan manifestar de manera libre también los ciudadanos de un territorio determinado. Hay cuestiones históricas, que usted conoce incluso mejor que yo, que hacen que Treviño tenga esa situación de enclave singular y, por tanto, lógicamente, tengo que responder acogiéndome al ordenamiento jurídico en vigor. (Aplausos).»