«Algo parecido sucede con el Tribunal Constitucional, órgano concebido para actuar como garante supremo del equilibrio constitucional, que aparece hoy ante la opinión pública atrapado en una lógica de bloques ideológicos y de reparto político entre el bipartidismo, particularmente en aquellos asuntos donde el interés del Ejecutivo resulta más evidente. Pero probablemente el episodio más grave ha sido el de la Fiscalía General del Estado. España ha llegado por primera vez en su historia democrática a contemplar una situación institucional extraordinariamente grave alrededor de la Fiscalía, condenado su fiscal general penalmente y sostenida políticamente por el Gobierno hasta extremos impensables, nombrando de nuevo a alguien cuya sospecha de parcialidad es incuestionable. Por eso, quiero preguntarle, señor ministro, directamente: ¿qué entiende usted por separación de poderes? ¿Un auténtico límite constitucional del Gobierno o un mecanismo institucional cuyo valor depende de su utilidad política coyuntural? Ese es hoy el verdadero problema de fondo, señor ministro: la dificultad creciente del poder para aceptar límites efectivos. Determinadas resoluciones judiciales son desacreditadas cuando no convienen políticamente; determinados jueces sufren campañas permanentes de presión y desgaste -hoy mismo lo estamos viendo-, y la justicia termina subordinada a necesidades coyunturales de supervivencia parlamentaria. Han modificado delitos para beneficiar a sus socios separatistas; han rebajado penas para sostener alianzas parlamentarias; han impulsado amnistías incompatibles con el propio espíritu constitucional, y han convertido el indulto, que debería ser una medida excepcionalísima, en un instrumento condicionado por necesidades políticas del momento. Todo parece reformable cuando peligra la mayoría parlamentaria del Gobierno.»

Fragmento 2 de 6 de esta intervención.