«Existe, además, algo todavía más preocupante: la sensación creciente de que el Gobierno vive en tensión permanente con aquellos órganos que precisamente deben investigarlo. España asiste hace meses a un goteo constante de investigaciones, juicios y escándalos vinculados al entorno del poder político, al entorno del Gobierno. Y se ha producido un hecho sin precedentes en nuestra democracia: por primera vez un expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha sido imputado -no condenado, y me adelanto a su posible respuesta, señor ministro- por presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental a raíz de una investigación internacional. Y eso no aparece aisladamente, se suma a la imputación de la mujer del presidente del Gobierno, a la imputación de su hermano, a la situación de antiguos secretarios de organización del Partido Socialista y al deterioro creciente de la confianza pública en quienes ejercen el poder político. Frente a ello, la respuesta del Gobierno consiste en desacreditar a jueces, cuestionar investigaciones o promover reformas orientadas precisamente a limitar mecanismos de control sobre el propio poder. Ahí aparece una de las cuestiones más graves de esta legislatura: la ofensiva contra la acción popular ahora que el entorno político del Gobierno acumula investigaciones judiciales extraordinariamente sensibles. Esa es la razón por la que muchos españoles empiezan ya a hablar abiertamente de una ley Begoña. Por eso, quiero preguntarle también si considera normal que en pleno desarrollo de investigaciones judiciales extraordinariamente delicadas y juicios ante los tribunales, incluido el Tribunal Supremo, aparezcan informaciones relativas a contactos, llamadas telefónicas y movimientos del entorno político del Gobierno dirigidos a influir sobre personas investigadas o vinculadas a esos procedimientos judiciales en curso. Porque el problema ya no es únicamente judicial, el problema es la sensación creciente, por ser real, de que el poder intenta condicionar el contexto político, institucional y mediático de aquellas investigaciones que afectan directamente a su propia supervivencia. Y mientras todo eso sucede, jueces, fiscales, Guardia Civil y unidades investigadoras, fundamentales para la lucha contra la corrupción, terminan convertidos demasiadas veces en objetivo de campaña de desgaste y deslegitimación pública, acusados incluso de lawfare por el entorno del Gobierno con una ligereza incalificable.»

Fragmento 3 de 6 de esta intervención.