«La seguridad jurídica de un Estado depende también de quiénes investigan y juzgan y de que ellos puedan actuar sin presiones políticas. Ahí aparece otra de las grandes contradicciones de este tiempo político: la llamada Ley de Memoria Democrática, hija de la cainita Ley de Memoria Histórica del guía espiritual del Partido Socialista y conseguidor, señor Zapatero, que ha terminado utilizándose para reabrir conflictos del pasado entre españoles, conflictos que estaban sellados hace décadas, y banalizar incluso la propia nacionalidad española. (Aplausos). Porque la nacionalidad no es un simple trámite administrativo ni una herramienta sometida a cálculos electorales y, sin embargo, ustedes han impulsado regularizaciones masivas y nacionalizaciones aceleradas, incluida la llamada ley de nietos, con evidente impacto demográfico e institucional, mientras empiezan además a introducir procesos automatizados e inteligencia artificial en ámbitos especialmente sensibles de la justicia sin demasiadas explicaciones sobre las garantías reales en relación con la lógica y evidente supervisión humana. Mientras tanto, la realidad cotidiana de la Administración de Justicia continúa mostrando problemas estructurales que el Gobierno no ha conseguido resolver, sino que los ha empeorado: retrasos incompatibles con la tutela judicial verdaderamente efectiva, saturación de órganos jurisdiccionales, creciente complejidad procedimental y una percepción cada vez más extendida de inseguridad jurídica. Y precisamente ahí aparece una de las grandes contradicciones de una de sus joyas legislativas: la Ley Orgánica 1/2025, presentada propagandísticamente como una gran reforma de eficiencia. Pero la justicia no es un simple servicio público más -no lo es, no lo puede ser, jurídicamente no está así catalogada-; la justicia constituye uno de los poderes esenciales del Estado. Sin embargo, buena parte de la reforma transmite una visión excesivamente burocratizada y gerencial del sistema judicial: macroestructuras organizativas, expansión de los llamados MASC, nuevos requisitos de procedibilidad y una creciente despersonalización de la función jurisdiccional.»

Fragmento 4 de 6 de esta intervención.