«Los propios datos del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid desmienten, además, el triunfalismo del Gobierno: más del 84 % de los profesionales valoran negativamente la obligatoriedad de los MASC y apenas un porcentaje mínimo de conflictos se resuelve realmente en esa fase previa. A ello se suma otro problema estructural que ustedes tampoco quieren afrontar: el fracaso del modelo autonómico en el ámbito de la justicia. España continúa funcionando con enormes desigualdades territoriales, con sistemas tecnológicos fragmentados y con diferencias materiales incompatibles con una verdadera igualdad ante la ley de todos los españoles. Pero existe, además, otra cuestión extraordinariamente grave: la presión creciente derivada de la inmigración masiva, de los procedimientos de extranjería, de las regularizaciones continuas y del aumento constante de la litigiosidad vinculada a residencia y nacionalidad. Y ustedes han impulsado durante años un auténtico proceso suicida de regularización masiva y efecto llamada, sin reforzar proporcionalmente ni la capacidad operativa del Estado ni las estructuras judiciales necesarias para absorber sus consecuencias. Los juzgados soportan una presión creciente. Las fuerzas y cuerpos de seguridad denuncian reiteradamente problemas vinculados a la multirreincidencia y al incremento de determinadas formas de criminalidad asociadas al descontrol migratorio. En numerosos barrios españoles se sufre ya un deterioro evidente de la seguridad cotidiana, mientras el Gobierno responde demasiadas veces mediante estadísticas manipuladas o descalificaciones morales contra cualquiera que describa esta realidad. Esa es hoy la cuestión de fondo: si nuestras instituciones siguen existiendo para servir al conjunto de la nación o si progresivamente están siendo transformadas en instrumentos de supervivencia.»

Fragmento 5 de 6 de esta intervención.