«Por eso, también incorpora este real decreto ley medidas de protección social directa que merecen una mención expresa. Tras los accidentes ferroviarios de Adamuz y Gelida, se reconoce de forma excepcional la consideración de accidente de trabajo a efectos económicos para las situaciones de incapacidad temporal, permanente y para las pensiones de viudedad y orfandad. Es una medida de justicia material que evita dejar a las víctimas y a sus familias en una posición de desprotección por razones puramente formales. Cuando la tragedia irrumpe, el Estado debe responder con humanidad y con decisión. Por último, el real decreto ley prevé, además, un mecanismo específico de gestión de los fondos en los servicios en el exterior para situaciones en las que los conflictos impiden el normal movimiento de los fondos con el personal que tenemos en esas delegaciones. Como hemos hecho siempre que se ha producido una catástrofe o un evento trágico, el Gobierno va a estar acompañando a las víctimas en todo momento y el tiempo que sea necesario. Este real decreto ley que proponemos a su convalidación lo demuestra. No nos vamos a olvidar de las víctimas. Aliviamos, aunque sea fiscalmente, a las personas afectadas. Ponemos en el centro de nuestras políticas a las personas, a las víctimas, adoptando medidas que beneficien a la mayoría social y abordando los problemas reales de esta persona, sin importar dónde vivan o cuál sea su origen.»

Fragmento 5 de 6 de esta intervención.