«Miren, cada catástrofe evidencia, una vez más, las mismas carencias: infraestructuras vulnerables, servicios públicos extremadamente tensionados, falta de prevención, infrafinanciación de los municipios -para nosotros muy grave- y una dependencia excesiva de decisiones tomadas aquí, desde Madrid. Otra evidencia importante: los ayuntamientos son los primeros que responden ante una emergencia. Los ayuntamientos, del color que sean, siempre están ahí, abren los pabellones, atienden a las familias, reparan las calles, recuperan servicios básicos; pero, después, cuando llega el momento de los recursos para ellos, para los ayuntamientos, arriban condicionados, insuficientes y tarde, evidentemente. Y esto no es autonomía local real, tampoco lo es obligar a las comunidades autónomas -por culpa de una infrafinanciación injusta- a recurrir al FLA. Y de hecho, aprovecho, porque tendría que haberse producido ya esta quitanza que, señoría, señor ministro, está pactada. No sé qué están esperando, no sé qué estamos esperando. Este decreto sigue funcionando con la misma filosofía de siempre. Las comunidades autónomas y los municipios tienen que pedir permiso al señor Estado, incluso, para endeudarse y reconstruir algo que una emergencia ha destruido, y esto es especialmente grave en un entorno de emergencia climática. Hay que aprenderlo, porque no necesitamos solo flexibilizar reglas fiscales después del desastre. Capacidad real de prevención es lo que necesitamos, inversión y capacidad de decisión e inversión desde el territorio. Más inversión en protección civil, en energías renovables, más inversión, más mantenimiento de cuencas, infraestructuras, más resiliencia, más capacidad energética descentralizada y, sobre todo, un modelo de financiación que no castigue más a los territorios y a los municipios que deben dar respuesta inmediata a las emergencias.»

Fragmento 7 de 9 de esta intervención.