«Por cierto, hablando de sanciones: hasta 600 000 euros multiplicables por la facturación obtenida; cierre temporal de actividad; retirada inmediata de campañas publicitarias; registro público de marcas autorizadas. Un aparato sancionador gigantesco para perseguir anuncios de alimentos. Francamente, uno ya no sabe si está leyendo una ley de salud pública o el reglamento administrativo de una república soviética sobre la nutrición. (Aplausos). Mientras tanto, ¿qué ocurre con las pequeñas empresas, qué ocurre con la hostelería, qué ocurre con los pequeños comercios, las marcas locales, los negocios familiares, que no tienen un departamento jurídico capaz de interpretar la absoluta ambigüedad de esta norma? Pues ocurre lo de siempre: más burocracia, más inseguridad jurídica y más costes. Porque, cuando la izquierda saca su obsesión regulatoria quien termina sufriendo siempre es el mismo: el pequeño empresario que solo intenta sacar adelante su negocio sin convertirse en un experto de perfiles nutricionales de la Organización Mundial de la Salud. Señorías, combatir la obesidad infantil es un objetivo legítimo. Nadie discute eso, pero una sociedad sana no se construye infantilizando a los ciudadanos ni criminalizando el consumo: se construye con educación, conciliación familiar, información clara y responsabilidad compartida. Y el papel del Estado no es sustituir permanentemente el criterio de las familias ni convertir cada aspecto de la vida cotidiana en objeto de supervisión ideológica. Por eso rechazamos esta proposición de ley, porque no promueve una sociedad más libre, ni más madura, ni más responsable; promueve una sociedad más vigilada, más tutelada (aplausos) y más acostumbrada a que el poder político decida incluso lo que se pueda anunciar a 150 metros de una playa.»

Fragmento 4 de 5 de esta intervención.