«Gracias, presidenta. Hoy sometemos a consideración una iniciativa que responde a una realidad incontestable, y es que la infancia y la adolescencia requieren una protección reforzada frente a la publicidad de alimentos y bebidas insanas, que condiciona sus hábitos y pone en riesgo su salud presente y futura, y actuar es una obligación ineludible de los poderes públicos. En julio de 2023 el Departamento de Nutrición y Seguridad Alimentaria de la OMS presentó la guía Políticas para proteger a la niñez del impacto nocivo de la publicidad de alimentos, un documento que insta a los Gobiernos a adoptar marcos regulatorios más firmes frente a la publicidad dirigida a menores. Y la evidencia es contundente: dieciocho estudios coinciden en que limitar este tipo de publicidad produce resultados positivos y constituye una herramienta eficaz para proteger la salud infantil. La OMS nos indica que los menores siguen expuestos a una publicidad intensiva de alimentos insanos diseñada para influir en sus preferencias, sus hábitos y hasta en lo que piden comprar. Y sus efectos sobre la salud y sus derechos son claros, y por eso protegerlos no es opcional, sino una obligación de los poderes públicos. Países como Noruega, Reino Unido o Portugal ya cuentan con una legislación muy avanzada que restringe la publicidad de alimentos no saludables para menores y limita las técnicas publicitarias para niños. No estamos ante una cuestión menor ni meramente comercial, sino ante un problema de salud pública, que afecta de forma directa al interés superior del menor, según lo recomendado por nuestra Constitución, la Convención sobre los Derechos del Niño y nuestra legislación interna. Por tanto, estamos abordando un problema que afecta directamente a la salud pública, a la igualdad de oportunidades y muy especialmente al bienestar de la familia y las infancias.»

Fragmento 1 de 5 de esta intervención.